En fecha 02 de agosto de 2018, se publicó en Gaceta Oficial No. 41.452 el Decreto (en adelante el “Decreto”) por medio del cual la Asamblea Nacional Constituyente deroga el régimen cambiario y sus ilícitos. El Decreto entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación en Gaceta Oficial.

  1. Derogatoria del régimen cambiario actual y sus ilícitos

En este Decreto se establece la derogatoria del régimen cambiario imperante en el país así como de los ilícitos cambiarios, por medio del otorgamiento de garantías a las personas jurídicas y naturales, nacionales o extranjeras para que participen “en el modelo de desarrollo socio-económico productivo del país”.

El decreto deroga:

(i) El Decreto-Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.

(ii) El artículo 138 del Decreto-de Ley del Banco Central de Venezuela en lo que concierne exclusivamente al ilícito referido a la actividad de negociación y comercio de divisas en el país. Esto supone que podrán funcionar de forma legal las casas de cambio y demás operadores cambiarios de divisas en el país.

(iii) Todas aquellas disposiciones normativas en cuanto colidan con lo establecido en este Decreto. Con esta disposición debemos entender que quedarían derogadas todas las normas y disposiciones que daban forma al sistema cambiario, por lo que se entiende derogado el control de cambio imperante en el país desde el año 2003.

Lo que no se ha determinado en este caso, es si existirá una tasa de cambio única, determinada por la oferta y la demanda,  si el Estado mantendrá una tasa de cambio oficial para ciertos rubros neurálgicos para el país, o si se acudirá al sistema de bandas como  se ha hecho en experiencias cambiarias pasadas.

  1. No favorabilidad retroactiva de la ley para las personas que hayan incurrido en ilícitos cambiarios

Un punto relevante del Decreto es el relativo a la no favorabilidad retroactiva de la ley a aquellas personas que se encuentren procesadas por ilícitos cambiarios, y se establece una reducción de pena en casos de delitos que se consideren de “menor dañosidad”, según el artículo 4 del Decreto. A todas luces esta disposición resulta inconstitucional, por cuanto el artículo 24 de la Constitución nacional de forma expresa establece la retroactividad de la ley penal cuando esta imponga menor pena.

Finalmente se establece que la responsabilidad civil derivada de los ilícitos cambiarios  cometidos hasta la entrada en vigencia del decreto, subsiste.

  1. Experiencias anteriores y próximas medidas

A lo largo de nuestra historia, hemos tenido diversas experiencias con regímenes de control cambiario. La derogatoria del más reciente (en el año 1996) fue realizado en medio de un alza en el mercado petrolero y con apoyo del Fondo Monetario Internacional, panorama distinto al que se presenta en esta oportunidad.

Sin duda, este decreto supone un paso importante para el logro del levantamiento del régimen cambiario imperante en la actualidad, pero es necesario hacer seguimiento a las medidas subsiguientes que podría adoptar el Ejecutivo Nacional, para la consecución de dicho objetivo. Levantar un régimen de control cambiario supone un tarea ardua y larga, que debe ser desarrollada con conocimiento económico a fin de evitar que las consecuencias resulten insostenibles para el ciudadano.

Finalmente, debemos dejar sentado que existe discusión sobre la constitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, y todos los actos derivados de ella. A todo evento, en ESCG Abogados, S.C. consideramos conveniente dar a conocer su contenido en razón de la publicación de las mismas en Gaceta Oficial, sin que por ello se pretendan legitimar o validar las actuaciones emanadas de dicho órgano.

Es de recordar que en ESCG Abogados, S.C., se encuentra a su disposición en caso de que requerir información adicional sobre este tema.

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